Martes 18 de noviembre

Quién combate la corrupción

por Roberto Gargarella

El fiscal de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, es uno de los funcionarios más distinguidos de la presente administración, un hecho sobre el cual coinciden funcionarios, académicos y periodistas de las más variadas convicciones. El trabajo honesto y riguroso de Garrido ha cosechado la admiración y el respeto de una amplia mayoría de sus colegas, y ha contribuido a poner obstáculos a actos de corrupción siempre frecuentes en nuestras estructuras políticas y administrativas.

En estos días, como es de dominio público, el procurador general de la Nación decidió precisar cuáles eran los márgenes de la actuación del fiscal de Investigaciones. Nadie, ni mucho menos el procurador, podía tener dudas de que su respuesta iba a ser leída y evaluada como lo que es, es decir, una respuesta que no se dirige a resolver una disputa académica abstracta, sino a laudar un problema político de primera importancia.

El fiscal Garrido abrió numerosas causas sobre corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios del primer nivel (incluyendo, al ex presidente Kirchner), y a organismos, como el Indec, marcados por una gestión de escándalo. Si el procurador toma la excusa de un conflicto en apariencia técnico para resolver un problema netamente político, después no puede pretender que leamos su respuesta, eminentemente política, como un laudo sólo técnico.

El derecho no puede ni debe leerse con independencia de las circunstancias políticas en las que emerge, y nadie -menos el procurador- tiene el derecho de exigirnos hacerlo.

Puesto a decidir sobre el conflicto del caso, el procurador se inclinó por la interpretación jurídica más extrema y restrictiva posible en torno de las facultades de la Fiscalía. A partir de su dictamen, una institución que, desde la vuelta de la democracia, habíamos reconocido todos fundamental, si no exclusivamente, como un organismo anticorrupción, deberá dejar de ser fundamentalmente eso: un organismo que combate la corrupción.

Para la corrupción, nos dice Righi, están todos los demás fiscales, antes que la Fiscalía de Garrido. Preocupado por las posibles fricciones entre Garrido y los otros fiscales, la solución para Righi no pudo ser más sencilla ni menos oportuna: desplazar la Fiscalía Nacional de las tareas anticorrupción que desarrollaba.

La resolución es cuanto menos paradójica: hasta hace pocos años -justamente cuando el actual fiscal Garrido estaba al frente de la llamada Oficina Anticorrupción- las autoridades públicas defendían a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas diciendo que era ella, y no la Oficina Anticorrupción, la encargada de querellar en materia de corrupción. Ahora nos enteramos de que la respuesta era la contraria.

¿Cuáles son, según el procurador, las tareas que le corresponden entonces a la Fiscalía de Investigaciones, y cuáles los alcances de las mismas?

Según nos informa el procurador, en una dura respuesta oculta bajo el ropaje de un mero acto interpretativo, la Fiscalía debe concentrar su tarea en las faltas administrativas, antes que en las causas penales. El dato nos es menor: ello significa que, para el procurador, la entidad debe dejar de ocuparse de aquellos casos que involucran a los funcionarios políticos, ya que éstos no están sujetos a responsabilidad disciplinaria.

Ampulosamente, Righi declara que la Fiscalía puede "acceder sin cortapistas" a los expedientes. No aclara, sin embargo, que aún una modesta ONG cuenta con esa misma capacidad, sin ayuda de la generosidad interpretativa de la Procuración. El procurador deja en claro, además, que la Fiscalía no podrá intervenir (presentando escritos o pruebas) para "empujar" o promover causas que haya iniciado antes que ella otra persona.

Esta es otra excelente noticia para los que se involucran en actividades ilícitas, dado que es de ese modo -la modesta denuncia individual- como se inician casi todas las causas de corrupción, y es de esa forma -activando causas que sus colegas, por las peores razones, dejan abandonadas- que la Fiscalía ha hecho algunos de sus aportes más notables.

Días después de su resolución, y en vistas a los repudios unánimes recibidos, el procurador hizo circular una aclaración en la que sostuvo que su respuesta sólo había venido a "precisar" el derecho, frente a dudas que el propio Garrido, entre otros, había planteado. El procurador puede quedarse tranquilo: dado el tenor de su respuesta, será difícil que otro funcionario se anime a pedirle otra aclaratoria.

El autor es profesor de Derecho Constitucional (UBA, Di Tella y Columbia, NY)