Una diputada de la Coalición Cívica presentará hoy un pedido de informes para conocer los detalles de los dos decretos reservados que firmaron Néstor Kirchner y su esposa y que se tradujeron en millonarias transferencias para la compañía Lockheed, concesionaria de la fábrica de aviones militares del Área Material Córdoba.
La legisladora Marcela Rodríguez le solicitará a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo Ley 26.122, que analiza los decretos de necesidad y urgencia, si las normas suscriptas por la jefa de Estado y su antecesor fueron consideradas por ese cuerpo. Ocurre que, como cualquier modificación a los contratos de un servicio concesionado, deben realizarse por una ley del Congreso, así es que sólo serían válidos los dos decretos secretos en el caso de que se tratara de decretos-ley. “La Constitución nacional no establece ninguna excepción en relación con los decretos secretos y que son de necesidad y urgencia. El Gobierno tiene la obligación de enviarlos al Congreso”, afirmó Rodríguez.
Crítica de la Argentina reveló, en su edición del miércoles, que Néstor Kirchner en 2004 y la Presidenta el año pasado firmaron decretos secretos que beneficiaron a la empresa que fabrica y mantiene los aviones de la Fuerza Aérea. Esa compañía tiene la concesión desde 1995 gracias a otro decreto secreto, dictado por Carlos Menem. Según denunció en varias oportunidades el propio Gobierno, desde el inicio de la concesión la Lockheed incumplió con sus obligaciones contractuales. Además de no fabricar la cantidad de aviones que debía, tampoco logró comercializar en el exterior el avión Pampa –el caza de diseño nacional–, que formaba parte del contrato. Tampoco desarrolló nuevos proyectos ni obtuvo contratos de reparación de aeronaves comerciales.
En marzo de 2008, este diario reveló que el ex presidente Kirchner había renegociado por decreto secreto el contrato con la Lockheed y que con el último DNU de su gestión le había otorgado 500 millones de pesos por adicionales al presupuesto. Luego de aquella nota, el presidente del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, realizó otro pedido de informes pero a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Escudándose en cuestiones de “secreto de Estado”, la funcionaria se negó a revelar, incluso, las condiciones económicas del acuerdo con la empresa privatizada que está en manos de la mayor compañía de armamento bélico del mundo.
www.criticadigital.com
La legisladora Marcela Rodríguez le solicitará a la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo Ley 26.122, que analiza los decretos de necesidad y urgencia, si las normas suscriptas por la jefa de Estado y su antecesor fueron consideradas por ese cuerpo. Ocurre que, como cualquier modificación a los contratos de un servicio concesionado, deben realizarse por una ley del Congreso, así es que sólo serían válidos los dos decretos secretos en el caso de que se tratara de decretos-ley. “La Constitución nacional no establece ninguna excepción en relación con los decretos secretos y que son de necesidad y urgencia. El Gobierno tiene la obligación de enviarlos al Congreso”, afirmó Rodríguez.
Crítica de la Argentina reveló, en su edición del miércoles, que Néstor Kirchner en 2004 y la Presidenta el año pasado firmaron decretos secretos que beneficiaron a la empresa que fabrica y mantiene los aviones de la Fuerza Aérea. Esa compañía tiene la concesión desde 1995 gracias a otro decreto secreto, dictado por Carlos Menem. Según denunció en varias oportunidades el propio Gobierno, desde el inicio de la concesión la Lockheed incumplió con sus obligaciones contractuales. Además de no fabricar la cantidad de aviones que debía, tampoco logró comercializar en el exterior el avión Pampa –el caza de diseño nacional–, que formaba parte del contrato. Tampoco desarrolló nuevos proyectos ni obtuvo contratos de reparación de aeronaves comerciales.
En marzo de 2008, este diario reveló que el ex presidente Kirchner había renegociado por decreto secreto el contrato con la Lockheed y que con el último DNU de su gestión le había otorgado 500 millones de pesos por adicionales al presupuesto. Luego de aquella nota, el presidente del bloque de senadores de la UCR, Ernesto Sanz, realizó otro pedido de informes pero a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Escudándose en cuestiones de “secreto de Estado”, la funcionaria se negó a revelar, incluso, las condiciones económicas del acuerdo con la empresa privatizada que está en manos de la mayor compañía de armamento bélico del mundo.
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